En pleno tramo final de las negociaciones para la redacción y aprobación del nuevo real decreto-ley en materia de vivienda, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha elevado una petición formal al Gobierno y a los grupos parlamentarios: que las medidas que se incorporen al texto normativo tengan en cuenta la realidad de las familias que conviven con animales de compañía. A través de su iniciativa Mi Casa es Tu Casa, la organización reclama que la futura regulación contemple alternativas equilibradas para que la tenencia de mascotas deje de actuar como una barrera insalvable para acceder a un hogar en régimen de arrendamiento.
La actual emergencia habitacional en España no solo se mide en la escalada de los precios de las rentas o en la escasez del parque público disponible, sino también en las trabas administrativas y contractuales que condicionan la selección de inquilinos. En este contexto, las cláusulas de prohibición generalizada de animales de compañía —presentes en la gran mayoría de la oferta privada— reducen de forma drástica las opciones de vivienda para un porcentaje amplio de la ciudadanía.
La petición de FAADA llega en un momento clave de la agenda política nacional. Las conversaciones respecto a las reformas urgentes en materia de arrendamiento y regulación del mercado de la vivienda han situado en el centro de debate las condiciones de habitabilidad, la contención de precios y las garantías de seguridad jurídica. Sin embargo, desde el sector proteccionista se advierte de que el problema del acceso a la vivienda no puede desligarse de los cambios sociológicos experimentados por los hogares españoles en la última década.
Actualmente, millones de familias en España conviven con uno o más animales de compañía, a los que la legislación civil ya reconoce explícitamente como seres sintientes. Pese a este avance normativo en el ámbito penal y civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sigue otorgando al arrendador la libertad plena para veto unilateral de animales en las fincas alquiladas mediante cláusulas específicas.
Esta discrepancia legal genera una situación de vulnerabilidad para las familias arrendatarias, quienes en muchas ocasiones se ven forzadas a tomar decisiones drásticas, que van desde el rechazo a contratos de alquiler en condiciones dignas hasta, en los casos más trágicos, el abandono de los animales ante la imposibilidad de encontrar un techo donde residir de manera conjunta.
«Cuando hablamos de una crisis de acceso a la vivienda no podemos fijarnos únicamente en cuántas viviendas hay o cuánto cuestan. También tenemos que preguntarnos quién encuentra barreras adicionales para acceder a ellas. Convivir con un animal no debería significar automáticamente tener menos posibilidades de encontrar un hogar», señalan desde la entidad.
La ofensiva de FAADA para lograr este cambio normativo no surge de manera aislada. El pasado 14 de septiembre, en el marco del desarrollo de la campaña Mi Casa es Tu Casa, la organización celebró en el Congreso de los Diputados la jornada parlamentaria de trabajo tituladas «Hacia un alquiler más inclusivo: diálogo entre instituciones, empresas y ciudadanía».
Aquel encuentro reunió en la Cámara Baja a portavoces de las principales fuerzas políticas, responsables institucionales, representantes del sector inmobiliario, profesionales del ámbito asegurador y organizaciones del tercer sector. El propósito del foro fue analizar con rigor técnico las dinámicas del mercado de alquiler e identificar soluciones operativas que protejan la propiedad privada sin penalizar a los inquilinos con animales.
Las principales conclusiones alcanzadas durante el encuentro subrayaron la viabilidad de implementar mecanismos intermedios en lugar de prohibiciones absolutas:
Los especialistas que intervinieron en la jornada concluyeron de forma unánime que existen herramientas técnicas suficientes en el sector asegurador e inmobiliario para proteger el patrimonio de los propietarios sin recurrir a la expulsión preventiva de quienes conviven con animales.
A partir de los consensos técnicos alcanzados en la sede parlamentaria, FAADA ha planteado abrir una estrategia de actuación más amplia y estructurada a nivel nacional. La meta es conseguir que las políticas públicas de vivienda no dejen de lado esta vertiente de la exclusión social.
Entre los ejes principales que articula la propuesta de la entidad destacan:
1- Diagnóstico preciso del problema: Promover la recogida de datos estadísticos oficiales sobre el porcentaje real de viviendas de alquiler que aceptan animales y medir el grado de afectación en los procesos de búsqueda de hogar.
2- Compromisos público-privados: Impulsar códigos de buenas prácticas y acuerdos marco entre las administraciones públicas, los grandes tenedores de vivienda, las agencias inmobiliarias y las aseguradoras.
3- Revisión normativa: Proponer modificaciones específicas tanto en el real decreto-ley en negociación como en la normativa sectorial, con el objetivo de evitar que la presencia de un animal constituya por sí sola una causa objetiva para denegar el arrendamiento o rescindir un contrato.
4- Fomento de la tenencia responsable: Garantizar que los inquilinos asuman compromisos firmes en materia de civismo, veterinaria, control de ruidos y cuidado de las zonas comunes en las fincas comunitarias.
La campaña Mi Casa es Tu Casa constituye la plataforma desde la que se articulan todas estas demandas ante el Ejecutivo y el poder legislativo. Promovida originalmente por FAADA, la iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de la Fundación Affinity y de la Fundación Sr.Perro Colega, dos entidades de referencia en el estudio de la relación entre personas y animales de compañía y en la promoción de ciudades amigables con las mascotas.
El enfoque central de la campaña huye del enfrentamiento entre inquilinos y propietarios. Por el contrario, aboga por la construcción de un modelo de arrendamiento basado en la confianza mutua, la certidumbre jurídica y la equidad. Las entidades promotoras insisten en que la inmensa mayoría de los propietarios no rechaza a los animales por animadversión, sino por temor al deterioro de sus inmuebles o a eventuales problemas de ruidos con el vecindario. Es precisamente en ese punto donde las políticas públicas deben intervenir ofreciendo un marco claro de protecciones y garantías.
Con la negociación del real decreto-ley entrando en su fase decisiva, FAADA reitera la urgencia de no desaprovechar esta oportunidad legislativa. La exclusión habitacional por motivos de convivencia animal afecta de forma severa a jóvenes, familias monoparentales y colectivos en situación de vulnerabilidad, quienes a menudo deben destinar más tiempo y recursos económicos para encontrar una alternativa de vivienda digna.
Desde la organización advierten de que una política integral de vivienda no puede dar la espalda a las dinámicas familiares reales. La regulación del mercado debe responder al principio de proporcionalidad, impidiendo que el ejercicio legítimo del derecho a la vivienda se vea entorpecido por vetos indiscriminados.
La decisión final queda ahora en manos de las partes negociadoras del Gobierno y los grupos parlamentarios, quienes deberán determinar si el nuevo decreto-ley asume una perspectiva inclusiva adaptada a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI o si, por el contrario, perpetúa una laguna legislativa que continúa dejando a miles de familias a las puertas de un hogar.
Susana Paredes Baeza says:
Las propuestas de FAADA van directas al hueso del problema. No se trata de obligar al propietario a asumir destrozos a lo loco, sino de usar el sentido común: seguros, garantías claras y juzgar la conducta de cada familia, no vetar por defecto. Que el derecho a un techo no dependa de si tienes dos patas o cuatro.