La Real Sociedad Canina de España (RSCE), organización decana del perro en España y único miembro nacional de la Federación Cinológica Internacional (FCI), expresa su más absoluta repulsa ante los hechos conocidos tras la intervención del SEPRONA en el Centro Canino Las Almenas, en Asturias, y reclama que la investigación llegue hasta el final para depurar todas las responsabilidades que correspondan.
Si los hechos se confirman, no estaríamos ante simples irregularidades, sino ante un caso gravísimo de presunta explotación animal, incompatible con cualquier principio de bienestar, legalidad y ética.
La organización quiere dejar claro que la cría responsable no tiene nada que ver con el hacinamiento, la suciedad, la enfermedad, la falta de cuidados o la conversión del perro en una mera mercancía.
Un perro no es stock. No es una unidad de negocio. No es una cifra en una previsión de ventas. La cría responsable exige selección rigurosa, control sanitario, socialización, trazabilidad documental, identificación genética y compromiso permanente con cada animal. Todo lo demás degrada esta actividad y traiciona a quienes sí trabajan con seriedad y respeto.
La RSCE subraya el valor de los registros oficiales serios y auditables como herramienta de transparencia y control, frente a alternativas low cost, carentes de rigor y trazabilidad cuyo único fin es el lucro económico, tanto para registradores como para registrantes. “Nuestros libros de orígenes, protocolos de verificación e identificación genética mediante ADN existen precisamente para proteger la trazabilidad, reforzar la transparencia y diferenciar con claridad a los criadores responsables de quienes banalizan la cría hasta convertirla en un circuito de puro rendimiento económico.”
La Real Sociedad Canina de España ofrece su plena colaboración al SEPRONA, a las administraciones competentes y a cualquier entidad comprometida con perseguir a quienes hacen del sufrimiento animal una fuente de ingresos.
José Miguel Doval, presidente de la RSCE, afirma: “Si la investigación confirma estos hechos, no estaríamos ante una mala praxis corregible, sino ante un sistema presuntamente construido sobre la explotación continuada de los perros. Quien sustituye el bienestar por la rentabilidad debe responder con toda la contundencia de la ley”.
“Cuando el lucro sustituye al bienestar, cuando la opacidad sustituye al control y cuando la avaricia sustituye a la responsabilidad, el resultado siempre es el mismo: perros condenados a pagar con su salud, su abandono y su sufrimiento”.
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