España atraviesa una etapa de especial sensibilidad en torno al bienestar animal. El auge de la cultura pet friendly, el incremento de adopciones tras la pandemia y una mayor conciencia social sobre la salud de los animales han situado a los perros en el centro del debate público. En este contexto, la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 —que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios— ha abierto un frente inesperado entre clínicas veterinarias, farmacias y propietarios.
El texto normativo establece que las farmacias deben dispensar medicamentos veterinarios sujetos a prescripción, incluyendo en muchos casos fármacos de uso humano indicados para animales bajo criterio clínico. La medida, concebida para reforzar el control sanitario y la trazabilidad, está generando sin embargo efectos no previstos, según denuncian veterinarios y dueños de perros consultados por este medio.
Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en la modificación de dosis. Clínicas veterinarias alertan de que algunos farmacéuticos están ajustando pautas prescritas, sustituyendo presentaciones o recomendando alternativas que no siempre coinciden con la indicación original.
El resultado, según profesionales del sector, es la vuelta de animales a consulta en estados similares al inicial o incluso con empeoramiento clínico. “El propietario confía en el farmacéutico y cree que está corrigiendo un error del veterinario. Pero no es así”, explica un clínico madrileño. Esta descoordinación está generando fricciones interprofesionales y, lo más preocupante, posibles riesgos para la salud animal.
Otro de los aspectos más cuestionados es la dispensación de envases. En productos disponibles en varias presentaciones —por ejemplo, cajas de 20 comprimidos frente a formatos más ajustados al tratamiento prescrito— algunos farmacéuticos estarían ofreciendo sistemáticamente la presentación menos adecuada para el tratamiento completo, obligando a nuevas compras o alterando la pauta.
Además, propietarios denuncian diferencias de precio significativas. Se han detectado productos con hasta 10 euros de sobrecoste respecto a clínicas veterinarias o tiendas especializadas. Esta brecha ha provocado que muchos consumidores opten por regresar a los canales tradicionales.
Paradójicamente, el nuevo marco legal tampoco parece estar beneficiando a buena parte de las farmacias. Diez establecimientos consultados reconocen haber perdido entre un 20 % y un 42 % de clientes tras la entrada en vigor del decreto.
En la Comunidad de Madrid, 23 farmacias afirman recibir menos recetas veterinarias que en los primeros meses de aplicación. Muchos propietarios, según explican, prefieren acudir directamente a tiendas especializadas.
El impacto comercial es aún más evidente en el caso de productos antiparasitarios. De 460 farmacias encuestadas, 200 reconocen haber devuelto numerosos collares antiparasitarios a los distribuidores por falta de ventas y quejas de clientes por su elevado precio. “No salen”, admiten varios titulares.
Por otro lado, alrededor de 63 farmacias aseguran haber decidido no vender productos veterinarios por falta de rentabilidad y por los problemas derivados de su dispensación. Algunas, incluso, plantean que la situación “vuelva a estar como antes”.
Un punto especialmente controvertido es la atención en casos urgentes. Según varias farmacias consultadas, fuera del horario habitual solo dispensan productos de consumo humano, no veterinarios. Esto genera desconcierto entre propietarios: “Si tengo una urgencia con receta, ¿no me lo van a vender?”, se preguntan.
Educadores caninos, abogados especializados en derecho animal y veterinarios califican esta situación de “incoherente” e incluso “potencialmente ilegal”, al entender que la norma no debería limitar la dispensación por la especie del paciente cuando existe prescripción válida.
Otro fenómeno preocupante es el recurso creciente a médicos de atención primaria. Según fuentes consultadas, algunos propietarios acuden al centro de salud con recetas veterinarias o solicitudes para que el médico prescriba el mismo principio activo para uso humano.
Este trasvase no solo tensiona la sanidad pública, sino que podría estar favoreciendo un incremento en el consumo de medicamentos humanos destinados indirectamente a animales. Profesionales sanitarios alertan del riesgo que ello supone en términos de control farmacológico y uso racional del medicamento.
Veterinarios consultados advierten, además, de consecuencias graves cuando los tratamientos no se administran correctamente o se interrumpen. “Ya se están viendo casos de empeoramiento e incluso fallecimientos”, señalan, aunque reclaman prudencia hasta contar con datos oficiales consolidados.
Desde colegios farmacéuticos se reconoce que al inicio hubo numerosas consultas sobre la aplicación del decreto, aunque en los últimos meses el volumen ha descendido sin que exista una explicación clara. Algunas fuentes sugieren que el retraimiento del mercado puede estar detrás de esta disminución.
Lo cierto es que el Real Decreto 666/2023 pretendía reforzar garantías, pero su implementación está revelando lagunas operativas y tensiones intersectoriales. Veterinarios reclaman respeto a la prescripción clínica; farmacéuticos piden claridad normativa y seguridad jurídica; y los propietarios exigen precios razonables y acceso sin obstáculos a los tratamientos de sus animales.
En un país donde el vínculo con los perros forma parte ya del tejido social, el debate no es menor. La cuestión de fondo no es solo quién dispensa el medicamento, sino cómo garantizar que cada animal reciba el tratamiento adecuado, al precio justo y sin poner en riesgo su salud.
El reto ahora es encontrar un punto de equilibrio que proteja al paciente —aunque tenga cuatro patas— sin generar distorsiones en el sistema sanitario ni en el mercado.
