A comienzos de 2026, la administración de Donald Trump ha impulsado diversas iniciativas legislativas y ejecutivas orientadas a reforzar la protección animal a nivel federal en Estados Unidos. Entre las acciones más relevantes destaca la firma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, aprobada a finales de 2025, que introduce cambios significativos en el uso de animales en actividades militares y experimentales.
La legislación prohíbe al Departamento de Defensa realizar o financiar investigaciones consideradas “dolorosas” que utilicen perros y gatos domésticos como sujetos de prueba. Esta disposición busca reducir el sufrimiento animal en programas gubernamentales y limitar el uso de mascotas en experimentación militar.
Asimismo, la NDAA establece el fin de los entrenamientos de “trauma con fuego real” que anteriormente implicaban herir gravemente a animales vivos —como cabras o cerdos— para la formación de médicos de combate. En su lugar, las fuerzas armadas deberán emplear simuladores humanos avanzados y otras tecnologías alternativas.
A finales de diciembre de 2025 también se anunció el lanzamiento de una fuerza especial federal interagencial destinada a intensificar la lucha contra el abuso animal en el país. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación entre agencias gubernamentales para investigar y perseguir delitos relacionados con la crueldad hacia animales.
Durante el periodo 2025-2026, legisladores de ambos partidos han introducido proyectos de ley —como la denominada Ley ACE— orientados a fortalecer la aplicación de normativas contra la crueldad animal y promover la creación de divisiones especializadas dentro del Departamento de Justicia para la persecución de estos delitos.
Las medidas actuales amplían el marco legal establecido durante el primer mandato de Trump. En 2019, el entonces presidente firmó la Ley PACT (Preventing Animal Cruelty and Torture Act), que convirtió determinados actos extremos de crueldad animal —como tortura o asfixia— en delitos federales con penas de hasta siete años de prisión.
Esta normativa permitió reforzar la persecución penal de conductas graves contra animales y sentó las bases para nuevas políticas federales orientadas a su protección.
Aunque las nuevas iniciativas han sido presentadas como avances significativos en la defensa del bienestar animal, algunas organizaciones defensoras han señalado previamente contrastes en la aplicación de otras normativas, como la Ley de Bienestar Animal, y han pedido un refuerzo más amplio y uniforme de las políticas de protección en todos los sectores.
Ana María says:
Enos mal que se propone hacer algo bueno, especialmente con nuestros peluditos de 4 patas
Maria Jesús says:
Me parece correcto, eso se debería de hacer en España