Hoy hablamos con Ana García, portavoz de Veterinarios Unidos (Vets Unidos), un movimiento del colectivo de profesionales veterinarios en España que surgió para protestar contra las recientes normativas estatales sobre el uso y dispensación de medicamentos veterinarios, específicamente el Real Decreto 666/2023.
El Real Decreto 666 es el desarrollo en España del reglamento europeo sobre el medicamento veterinario. El problema es que, mientras en otros países de la Unión Europea ese reglamento se ha interpretado de forma favorable para los veterinarios y, sobre todo, para los animales, aquí se ha hecho una interpretación mucho más restrictiva.
En lugar de facilitar nuestro trabajo clínico, lo dificulta. Endurece aún más lo que ya establece la normativa europea e impide que los veterinarios ejerzamos nuestra profesión —que además es nuestra vocación— con criterio clínico, sentido común y decisiones lógicas orientadas al bienestar animal.
Afecta a todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar en el día a día.
Lo que más ha llamado la atención son las limitaciones en el uso de antibióticos. Donde Europa recomienda, España prohíbe. Ya no podemos elegir un antibiótico en función de lo que necesita el paciente, sino de un listado rígido. Y eso no solo afecta a la salud del animal, sino también a la salud pública.
Pero el problema no se limita a los antibióticos. También tenemos dificultades con el resto de los medicamentos, porque estamos obligados a utilizarlos estrictamente según las indicaciones de su ficha técnica. Pongo un ejemplo muy claro: si un gato llega a consulta con fiebre, según esta normativa no podríamos administrarle un antiinflamatorio inyectable que podría ayudarle muchísimo, porque esos fármacos solo están autorizados para dolor postoperatorio. ¿Funcionaría para bajarle la fiebre? Sí, probablemente en poco tiempo. Pero el único medicamento autorizado específicamente para la fiebre en gatos son unas pastillas. Y un gato enfermo, con fiebre, muchas veces no va a tomar una pastilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al paciente sin tratamiento? Según el Real Decreto 666, la respuesta es sí.
El tema de la receta daría para escribir una novela.
Por un lado, incluye 26 campos obligatorios, entre ellos el porcentaje del envase que va a utilizarse. No os podéis imaginar los debates que hemos tenido, por ejemplo, para intentar calcular qué porcentaje de una pomada se va a usar en un tratamiento. Y no es un dato accesorio: es un campo obligatorio y, además, de gran importancia dentro del sistema.
Por otro lado, se nos obliga a recetarnos a nosotros mismos cada medicamento que utilizamos en la consulta. Eso significa que pasamos más tiempo rellenando recetas y justificando tratamientos que atendiendo animales.
Al final, el formato es casi lo de menos. Podemos perder tiempo escribiendo en papel o perder tiempo rellenando un programa informático. El problema real es la carga burocrática desproporcionada.
El impacto económico lo sufren, en primer lugar, las familias de nuestros pacientes. Antes podíamos dispensar el tratamiento completo que necesitaba el animal, ajustándonos a la dosis y duración concretas. Ahora, en muchos casos, estamos obligados a recetar cajas completas. Eso supone un gasto mayor y, casi siempre, deja sobrantes que probablemente no volverán a utilizarse.
Además, si antes un veterinario podía resolver una consulta en quince minutos y ahora necesita el doble de tiempo por todo el papeleo, las horas productivas se reducen drásticamente. Y eso también tiene un coste directo para los profesionales.
Puede afectarlo y, de hecho, ya lo está haciendo.
Si estamos obligados a solicitar la importación de un tratamiento desde otro país de la Unión Europea antes que poder recetar un medicamento humano disponible en farmacia, ese retraso implica más sufrimiento para el animal.
Si no podemos administrar el antibiótico que realmente necesita el paciente, sino el que la legislación nos permite usar, eso afecta a su evolución clínica.
Y si un tutor no puede asumir el coste de una caja completa, o si el animal empeora mientras espera un cultivo, o si se retrasa el inicio del tratamiento por cuestiones burocráticas, el bienestar animal queda claramente comprometido
Le diría que el papel lo aguanta todo, pero la realidad clínica y la salud de los animales no.
Simplemente, les pediría que nos escuchen. Que deroguen el RD 666/2023 y permitan la aplicación directa del reglamento europeo, como ocurre en otros países. Y que protejan de verdad el bienestar animal.
En mi experiencia, quizá porque explico mucho esta problemática, la mayoría de la gente nos apoya enormemente. Entienden nuestras limitaciones, están preocupados y no comprenden por qué se ha llegado a esta situación.
Ahora bien, también entiendo que quienes se están viendo especialmente perjudicados puedan sentirse enfadados. Los veterinarios hacemos todo lo posible para que el impacto sobre los animales y sus familias sea el menor posible, pero aunque no somos los culpables, sino una víctima más de esta normativa, a veces somos nosotros quienes recibimos ese enfado.
Ahora mismo estamos pendientes de las sesiones de la Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario.
Tenemos la esperanza de que el sentido común vuelva a la normativa. De que se entienda que lo único que pedimos es poder trabajar conforme a nuestra formación y experiencia, sin limitaciones que no obedecen a criterios sanitarios, sino a intereses comerciales. En definitiva, esperamos que nos desaten las manos para poder ejercer la veterinaria como merecen nuestros pacientes.
Además, desde VetsUnidos seguimos movilizados y estamos recogiendo firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), porque creemos que esta problemática merece también una respuesta social y política a la altura. Queremos que la ciudadanía pueda alzar la voz con nosotros en defensa del bienestar animal y de una veterinaria ejercida con criterio clínico.
