Los profesionales de las terapias asistidas con perros han intensificado sus reivindicaciones para exigir una regulación estatal clara que permita el acceso de los perros de intervención —especialmente durante su periodo de formación— a espacios públicos y privados. Esta medida, afirman, es fundamental para garantizar una adecuada sociabilización y, en consecuencia, la calidad del trabajo terapéutico que estos animales desempeñarán en centros educativos, residencias de mayores y hospitales de toda España.
Enrique Solís de la asociación Lealcan, experto en intervenciones asistidas con animales, subraya que «los perros de intervenciones deberían estar regulados tanto en su etapa de formación como cuando ya son adultos, especialmente en lo referente al acceso al transporte público para poder acudir a los procesos terapéuticos». Solís incide también en la necesidad de establecer un sistema unificado de identificación para estos perros, con el fin de evitar falsificaciones y asegurar que únicamente entidades acreditadas puedan utilizar material profesional: «Las marcas deberían solicitar documentación oficial que acredite que la entidad es reconocida».
El especialista señala que una normativa sólida permitiría seguir avanzando en la implantación de este tipo de intervenciones en centros sanitarios, geriátricos y de atención a menores, «debido a sus múltiples beneficios, ampliamente comprobados».
La asociación «Dejamos Huella» de San Sebastián de los Reyes apoya esta reivindicación, ya que sus técnicos consideran esencial el acceso de perros en formación a espacios públicos y privados para optimizar su entrenamiento. «Sería positivo que se nos permitiera entrar con los perros en más espacios para su formación», afirman.
Otros profesionales del sector coinciden en que facilitar este acceso no solo beneficia el aprendizaje de los perros, sino también su bienestar. Explican que, con jornadas partidas —como las comunes de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00—, poder acceder a restaurantes, cafeterías o comedores de hospitales evitaría situaciones en las que los perros deben permanecer en el coche, además de permitir a los técnicos comer en el propio lugar de trabajo.
Los especialistas sostienen que la regulación también tendría un impacto positivo en la adopción y segunda oportunidad de perros, ya que muchas asociaciones trabajan con animales adoptados que obtienen excelentes resultados en intervenciones terapéuticas. Un marco normativo claro y apoyado por instituciones públicas, añaden, supondría un impulso decisivo para las familias, los profesionales y las entidades dedicadas a esta labor.
Otro punto clave señalado por los técnicos es el acceso al transporte público. Actualmente, quienes no disponen de vehículo propio —incluidos profesionales voluntarios— deben asumir costes elevados en taxis, servicios especializados o depender de terceros. Una normativa que garantizara el acceso de los perros de terapia aliviaría significativamente este gasto y haría más accesibles las intervenciones.
Finalmente, Solís insiste en que también debería regularse el método de entrenamiento, apostando por sistemas basados exclusivamente en educación canina en positivo.
Para los profesionales, la regulación de los perros de terapia no solo impulsaría la calidad y profesionalización del sector, sino que supondría “un avance para la sociedad y para el sistema sanitario del país”.
